El proyecto educativo de Javier Duarte de Ochoa, y que ayudaría a abatir la problemática de los rechazados de la Universidad Veracruzana, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), tiene la misma ruta de los fraudes detectados hasta hoy. Por lo menos en el aspecto financiero y en lo referente al cobro de colegiaturas. En la opacidad total se encuentra el cobro de las cuotas por colegiatura que realiza la institución, de acuerdo con la cuenta pública 2015 revisada por el Órgano de Fiscalización Superior.
La universidad sólo sirvió para cobrar millones de pesos de los que no se rinden cuentas. La UPAV ha recibido unos mil 400 millones de pesos, ignorándose dónde terminaron.
Por Ignacio Carvajal/Yerania Rolón
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo/BlogExpediente).- Con cinco años de operación, el proyecto educativo de Javier Duarte de Ochoa, y que ayudaría a abatir la problemática de los rechazados de la Universidad Veracruzana, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), tiene la misma ruta de los otros fraudes detectados por las autoridades de supervisión. Por lo menos en el aspecto financiero y en lo referente al cobro de colegiaturas.
Por medio de la Cuenta Pública 2015, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) confirmó que la UPAV opera ilegalmente el cobro de cuotas, pues insiste en que está realizando operaciones inadecuadas para la obtención y manejo de estos recursos.
Los de este año, que se estiman fueron de 123 millones de pesos, ni si quiera pasaron por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), dice la observación FP-066/2015/013 del ORFIS:
“Se determinó que la Universidad generó derechos de cobro y aportaciones por los servicios educativos que impartió en el ejercicio 2015, a través de las acciones de captación realizadas por el Patronato ‘Alianza para el Fomento del Aprendizaje A.C’, de los cuales no reportó a la Secretaría de Finanzas y Planeación como ingresos derivados de la actividad que la Universidad proporcionó a los estudiantes beneficiados por estos servicios”.
Además, el patronato “Alianza para el Fomento del Aprendizaje AC”, encargado de las finanzas de la UPAV, está actuando en la ilegalidad.
La observación FP-066/2015/008 ADM puntualiza que hay un convenio firmado entre la UPAV y Alianza para el Fomento del Aprendizaje AC, el cual se signó en agosto del 2015, y se ratificó el 27 de julio de 2014, en el cual “se estableció que el Patronato brindaría apoyo en la administración de las aportaciones, cuotas y demás derechos que realicen los estudiantes por los servicios escolares recibidos de la Universidad; sin embargo, esa facultad es una atribución y competencia fundamental del Rector de la Universidad”.
Hilario Barcelata Chávez, analista de temas de educación y coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, estimó que varios millones de pesos que han ingresado a la UPAV en los últimos años por concepto de cuotas y colegiaturas, no han sido fiscalizados y no hay certeza de su destino.
Datos del Anuario Estadístico de la ANUES indican que para el ciclo escolar 2015-2016 la UPAV actualmente cuenta con una matrícula de 20 mil 612 alumnos en licenciatura y su única ingeniería, además, 586 personas cursando alguno de sus postgrados, más otros 32 mil alumnos de bachillerato.
Según las estimaciones de Barcelata Chochez, hasta el 2015, la UPAV ha recibido de cuotas unos mil 423 millones de pesos. “Ninguna autoridad los ha fiscalizado y los veracruzanos no sabemos cómo se ha utilizado”.
Hasta septiembre pasado, en su último reporte financiero, la UPAV no se considera el rubro de cuotas. Andrés Blancas Portilla, al suplir a Guillermo Zúñiga ya había prometido trasparentar estos recursos y poner orden, pero fracasó, según lo anotado por los auditores del ORFIS.
Por ello, lejos de ayudar a administrar bien los recursos, y dar certeza a la comunidad universitaria en cuanto al dinero ingresado por cuotas, el patronato “es una figura dentro de la operación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz que limita la transparencia de sus operaciones, ya que en las condiciones actuales impide que refleje la Universidad sus ingresos y egresos reales al transferir al Patronato el control financiero de las cuotas, así como de la aplicación de estos recursos”.
Lo mismo se reitera en la observación FP-066/2015/009 ADM:
“Derivado de la revisión se determinó que la Universidad prestó servicios educativos a los estudiantes que integraron su matrícula en el ejercicio 2015, de los cuales omitió el registro contable por concepto de los derechos de cobro, generados por las aportaciones, cuotas y demás derechos que realizaron al ser beneficiados por los servicios educativos que la Universidad proporcionó”.
De la misma forma, la observación FP-066/2015/010 ADM establece que la UPAV “carece de normatividad interna que regule la captación, administración y aplicación de ingresos derivados de los derechos de cobro por las aportaciones, cuotas y demás derechos por la prestación de servicios educativos, así como lineamientos que especifiquen las cuotas de cobro, tasas o porcentajes aplicables a los servicios que ofrece”.
Y la observación FP-066/2015/011 ADM dice que la UPAV no cuenta con normatividad interna que “regule las acciones de pago y/o erogaciones por concepto de la aplicación de recursos destinados a los estímulos otorgados al personal que apoyó a la Universidad en los servicios que proporcionó a los estudiantes que conformaron su matrícula al cierre del ejercicio 2015”.
La observación FP-066/2015/005 ADM menciona que la universidad carga un pasivo por 37 millones 236 mil pesos “del cual no se tiene evidencia de las acciones realizadas para su liquidación y/o depuración”; y en cuentas por cobrar, 37 millones 505 mil pesos por concepto de ministraciones.
La UPAV fue fundada a mediados del 2011 por Javier Duarte de Ochoa, y el primer rector, y prácticamente gestor del proyecto, fue el finado maestro Guillermo Zúñiga. La institución se nutrió miles rechazados por la Universidad Veracruzana, que al final del sexenio de Duarte de Ochoa no puso ampliar su matrícula, y tan sólo este 2016 se dejó sin opciones de estudio a 19 mil 936 aspirantes.
